BRASILIA.- La Cámara de Diputados brasileña aprobó el “texto-base” de un polémico proyecto de ley que amplía la posibilidad de subcontratar empleados sin vínculo laboral directo, una medida defendida por las patronales y rechazada por los principales sindicatos del país, que en represalia anunciaron un paro nacional para el próximo miércoles.

La Cámara baja aprobó el texto principal del proyecto de ley por 324 votos a favor, 137 votos en contra y dos abstenciones, aunque el documento podrá ser modificado a través de enmiendas, las cuales serán discutidas la próxima semana. La polémica iniciativa fue presentada por el diputado Arthur Maia, del opositor Solidaridad (SD) y respaldada por el titular de la cámara baja, Eduardo Cunha, del Partido del Movimiento de la Democracia Brasileña (PMDB), del vicepresidente Michel Temer.

El régimen de “tercerización” del empleo se aplica en la actualidad a servicios que no tienen vínculo directo con la labor de las empresas, como limpieza, alimentación, seguridad y transporte, pero, una vez aprobado por el Congreso, podrá extenderse a todas las actividades, incluidas las referentes al propósito final de la compañía. No obstante, el proyecto de ley prevé que los empleados subcontratados tengan los mismos derechos que los funcionarios de la empresa contratante, como por ejemplo el vale de alimentación, el servicio de transporte y la atención médica.

El proyecto es rechazado por el Gobierno y criticado por los diputados del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), de la presidenta Dilma Rousseff, quienes alegaron que supone una “precarización” laboral y acaba con la posibilidad de ascenso de los empleados.

“La cuestión de la tercerización necesita ser abordada. La posición del gobierno brasileño es que la tercerización no puede comprometer los derechos de los trabajadores. No podemos desorganizar el mundo del trabajo”, dijo la mandataria brasileña que cumplirá hoy sus primeros 100 días al frente de su segundo mandato.

Expertos advierten que Rousseff suma dificultades continuamente: la crisis económica, los escándalos de corrupción por el caso Petrobras, su baja popularidad y ahora una inesperada “guerra” con su principal aliado. La situación, según opositores y analistas políticos, la mantiene “rehén” de sus “detractores amigos” y le está impidiendo gobernar. Cuando asumió el segundo mandato, el 1 de enero, el principal problema parecía ser la crisis económica, que ha hecho disparar la inflación, detener el crecimiento, aumentar el desempleo y perder inversiones. Para enfrentarlo, Rousseff designó como titular de Hacienda a Joaquim Levy, un economista ortodoxo, conocido como “manos de tijera” por su inclinación a reacomodar las cuentas recortando gastos. Pero los planes que impulsa el ministro no hizo más que generarle nuevas disputas, especialmente, hacia adentro de su partido, el PT.

Maia subrayó que la legislación de la “tercerización” inyectará “seguridad jurídica” a los contratos y sostuvo que el proyecto de ley supone “una línea media capaz de atender a los trabajadores, empresarios y a la economía brasileña”.

Antes de la aprobación del texto, la Central Única de los Trabajadores (CUT), la mayor fuerza sindical de Brasil, anunció una “paralización nacional” el miércoles 15 de abril contra el proyecto de ley, al considerar que supone un “ataque” contra los derechos laborales.

“No vamos a cruzar los brazos y haremos el esfuerzo de ir de Estado en Estado para denunciar a los diputados que voten a favor del proyecto para que el pueblo brasileño no reelija a los traidores de la clase trabajadora”, advirtió en el presidente nacional de la CUT, Vágner Freitas. Un grupo de sindicalistas que acampó frente al Congreso, en Brasilia, fue dispersado por la Policía, que utilizó gases lacrimógenos. (Télam-DPA)